Discurso de apertura
Embajador Juan Cueva Jaramillo
Secretario General Adjunto de la Unión Latina
Este IV Simposio Iberoamericano de Terminología, que tengo el gusto de inaugurar con ustedes, lleva como título "Terminología y desarrollo".
En este momento, las lenguas iberoamericanas se enfrentan a la apertura e integración de nuevos mercados, con los consecuentes cambios que esto implica, tanto a nivel social como económico.
Tales cambios conllevan la aparición de muchísimos conceptos que deben ser incorporados rápidamente a la cultura científica y técnica de Iberoamérica, especialmente la de los países que integran el Mercado Común del Sur.
Si existe una herramienta de trabajo común al científico y al técnico, al profesor universitario y a sus estudiantes, al administrador de empresas y al financiero, al industrial, al exportador, al periodista económico e incluso a los miembros del gabinete ministerial de los Presidentes de nuestras Naciones Iberoamericanas, esa herramienta es la traducción. Y si existe un instrumento de nuestro desarrollo completamente olvidado y hasta ignorado, ese instrumento es también la traducción.
Para tener acceso a la documentación científica, técnica, económica y financiera internacional, y para que haya además una verdadera comunicación con los países más avanzados, América Latina tiene la posibilidad de elegir entre dos caminos.
El primer camino consiste en abandonar progresivamente el español y el portugués, y hacer un esfuerzo colosal para que en adelante nuestras universidades impartan sus cursos en inglés, agregando algunos ingredientes de japonés, lengua de origen de casi 20% de los artículos científicos que se escriben en el mundo, y un poco de francés y alemán.
Esto sería una opción absurda y sobre todo una ruina, ya que pocas veces se mide el costo que representa para nuestras Naciones la escasa cuota de inglés que nos empeñamos en inculcarle a millares de adolescentes y jóvenes latinoamericanos; y sólo se trata de un inglés escolar e insuficiente, que no les será de mucha ayuda cuando tengan que descifrar el manual de instrucciones para el uso o el montaje de algún aparato electrónico complejo.
El segundo camino lleva a una política moderna de traducción, que ninguno de nuestros Estados podrá concretar separadamente, dadas las competencias y los medios financieros que se requieren para ello, pero al que puede aspirar todo nuestro subcontinente colectivamente, y reduciendo costos, puesto que tenemos la suerte de hablar sólo dos lenguas latinas que, por otra parte, también se hablan en Europa.
Lo que está en juego no es despreciable; el mercado mundial de la traducción representa un volumen de negocios anual de doce mil millones de dólares, que son producto de la traducción de 250 millones de páginas. Estas cifras no deberían sorprendernos, sabiendo que la empresa francesa Bull, por ejemplo, publica por sí sola anualmente 30.000 páginas de información sobre sus equipos y sistemas informáticos, o que la documentación técnica del tren español Ave pesa doce toneladas y la de un avión cualquiera tiene a veces el mismo peso que el propio avión.
Ahora bien, mientras que un escaso 1% de la documentación científica mundial se produce en español o portugués, el porcentaje de documentación técnica redactada originalmente en una de nuestras dos lenguas es todavía menor. Y, exceptuando los productos de consumo masivo que se exportan hacia nuestros países, nadie se toma la molestia de traducir al español, y menos aún al portugués. Así, nuestros técnicos de alto nivel o nuestros investigadores se ven forzados a leer la documentación en una lengua extranjera.
En ocasiones, es imposible acceder directamente, en lengua original, a la documentación científico-técnica, redactada en el 70% de los casos en inglés, en un 15 a un 20% en japonés y el resto en ruso, alemán o francés; en todo caso siempre resulta caro o dificultoso y constituye una fuente inevitable de errores que pueden traer serias consecuencias.
Con respecto a la formación de especialistas, la Universidad se ve obligada a recurrir a textos que los estudiantes -e incluso a veces los mismos profesores- entienden mal, lo que se convierte en un grave obstáculo para la enseñanza superior en América Latina. Además, aún aquellos especialistas y técnicos que dominan el inglés perfectamente, admiten muchas veces que el uso de esa lengua presenta dos peligros insidiosos para nuestros países:
por un lado, nadie puede expresarse en una lengua extranjera con la misma precisión, los mismos matices, la misma fineza de pensamiento y la misma claridad que con los que cuenta en su idioma materno; una importante desventaja no sólo para los profesores y los docentes sino también para los alumnos.
por otro lado, salvo raras excepciones, las capacidades heurísticas de un investigador se ven reducidas cuando se trata de investigar, pensar, descubrir en una lengua especializada que no es la suya. Tal pérdida de capacidad heurística, sumada a la dificultad de expresión vinculada al uso de una lengua extranjera, constituye una fuente de dependencia intelectual y científica, y por lo tanto económica, con respecto a la actual potencia dominante.
Esta imperiosa necesidad de emplear la traducción fue analizada por la mayoría de los países desarrollados no anglófonos, empezando por Alemania y Japón, los que han elaborado una verdadera política de terminología y de traducción a la que dedican importantes medios. Resulta significativo que las dos principales potencias del comercio exterior mundial hayan sido también las primeras en tomar conciencia de la importancia de la traducción especializada.
La decisión tomada por los países miembros del Mercosur de definir y poner en marcha una política moderna de terminología resulta un buen presagio de futuro económico.
Pero veamos qué significa una política moderna de terminología y cuáles son los instrumentos que nuestros Estados colectivamente tendrían que adoptar para ponerla en práctica.
En primer lugar, la base de toda política de terminología es el dominio del vocabulario y sobre todo de los lenguajes especializados. Los grandes bancos de datos terminológicos tienen almacenados millones de términos, con referencias de uso y definiciones más o menos precisas. Así ocurre con los bancos de datos alemanes de Siemens o de la Bundeswehr, con el BTQ del Office de la langue française de Quebec o Termium del Secrétariat dEtat du Canada. A estos bancos de datos de carácter general habría que añadir numerosos bancos especializados desarrollados por organismos internacionales, grandes empresas y asociaciones profesionales de los países avanzados, algunos de los cuales, como el de la Unión Europea, Eurodicautom, tienen por finalidad facilitar la traducción de textos empleados en un contexto internacional determinado.
Los traductores de la Unión Europea interrogan Eurodicautom a un ritmo de 1.000 preguntas por día y, gracias a Eurodicautom, para un traductor de la UE, la búsqueda de vocabulario no representa más que un 20% del tiempo de traducción, mientras que un traductor "manual" y artesanal latinoamericano puede llegar a pasar el 80% de su tiempo buscando información terminológica.
Como consecuencia del uso de las técnicas modernas de traducción, que a menudo consisten, entre otras cosas, en el acceso a distancia a un banco de datos terminológicos a través de las redes telemáticas, cada vez que se trate de hacer una traducción urgente o cada vez que prime el criterio de calidad, las lenguas que no estén presentes en tales bancos terminológicos se verán inevitablemente disminuidas. Desafortunadamente, este es el fenómeno que está padeciendo actualmente la traducción al español y al portugués.
Si América Latina contara con un banco de datos terminológicos de dos o tres millones de términos científico-técnicos, ya habríamos resuelto gran parte de nuestros problemas de traducción. Es cierto que de todas formas habría que recurrir a textos escritos en alguna lengua extranjera, pero nuestros investigadores, técnicos, y estudiantes ganarían un tiempo precioso, evitando a su vez contrasentidos, lagunas o interpretaciones erróneas. En cuanto a nuestros traductores profesionales, aumentarían su productividad en más del 50%. Por otro lado, nuestra identidad cultural estaría más protegida de los anglicismos que se deslizan en nuestro idioma. Por último, nos entenderíamos mejor no sólo entre latinoamericanos, sino también entre hispanohablantes y lusófonos de América y Europa. En efecto, nuestros términos técnicos suelen diferir, cuando en realidad un banco terminológico latinoamericano bastaría para mostrar claramente las equivalencias entre los vocabularios de España, Argentina, México, por ejemplo, por un lado, o de Brasil y Portugal, por el otro.
Yendo más allá del instrumento básico y absolutamente indispensable que es un banco de datos terminológicos, que no deja de ser un diccionario automatizado, una política moderna de traducción no puede pasar por alto los diccionarios electrónicos cuyo carácter interactivo constituye un gran adelanto con relación al primero.
Y con un grado de elaboración aún mayor, es preciso pensar en herramientas de traducción automática que se han estado desarrollando en Estados Unidos, Japón y Europa, y que prácticamente no requieren intervención de un ser humano. Dado el estado de perfeccionamiento actual de estos sistemas, en general, el traductor profesional necesita controlar la traducción, excepto en el caso de textos con vocabulario repetitivo y sintaxis muy sencilla, aunque se están haciendo progresos a pasos agigantados.
No cabe duda de que las sumas que se invierten en el desarrollo de estas nuevas tecnologías son considerables. En los próximos cinco años, la UE, por ejemplo, asignará alrededor de 900 millones de dólares para la lingüística informática, después de haber invertido, en el transcurso de los últimos ocho años, 100 millones de dólares. Los Estados Unidos y el Japón se han mostrado aún más activos: para el año 1993, Japón invirtió 100 millones de dólares en la realización de diccionarios electrónicos.
Este simposio significa un cambio de orientación importante, tal vez histórico, dentro del marco de evolución tecnológica que atraviesa actualmente el mundo iberoamericano, que podrá así acompañar los trastornos ocasionados por el desarrollo de la traducción especializada.
Por el momento, los únicos bancos terminológicos de la región a los que se puede acceder en línea en Iberoamérica, y con cantidad respetable de términos, son el banco de terminología catalana TermCat y el banco vasco Euskalterm. Por supuesto, ambos tienen por finalidad facilitar la traducción al catalán y al vasco, por más que, evidentemente, el español sea una de sus lenguas de trabajo.
Por su parte, la UE -que cuenta entre sus lenguas oficiales el español y el portugués- y las herramientas que ha desarrollado, sólo están en condiciones de resolver una pequeña parte de nuestros problemas de traducción. En primer lugar, porque Eurodicautom es un banco de datos ideado para contribuir a la traducción de textos internos a la Comunidad, con contenido técnico o jurídico, que solamente cubre, en términos generales, las necesidades de una organización internacional. Además, el lugar que ocupan, en Eurodicautom, el español y el portugués es aún minoritario comparado con el del inglés o el alemán.
En conclusión, nadie va a hacer las cosas por nosotros o, por lo menos, nadie las va a hacer teniendo en cuenta nuestras necesidades y prioridades, y respetando nuestro lenguaje, es decir, en buen español, en buen portugués, y atendiendo a las diferentes variantes terminológicas.
A nosotros nos cabe, pues, la tarea de construir un banco de datos terminológicos y tal vez la de empezar a pensar en diccionarios electrónicos, definiendo juntos temas prioritarios como podrían ser comercio exterior, finanzas, producción agrícola, industria liviana de transformación, urbanismo, obra civil, biología, transportes, etc.
La decisión depende de nuestra propia voluntad, es cierto; e inevitablemente, nuestros profesionales, ingenieros e investigadores tendrán que ponerse manos a la obra, aportando cada uno conocimientos que le son propios para elaborar vocabularios multilingües, si bien es obvio que América Latina no puede llevar adelante esta labor aisladamente. En ciertos sectores de punta, a veces no se tiene la capacidad necesaria para hacerlo, como tal vez podría llegar a ser en tecnología láser, astronomía o navegación espacial, o en ciencias y tecnologías avanzadas en las que probablemente ni siquiera contemos con los términos españoles o portugueses para designar conceptos o referirnos a ciertos objetos o procesos.
Dicho sea de paso, el desarrollo de un banco de datos terminológicos será una excelente oportunidad para medir las carencias de nuestro vocabulario e iniciar de esta forma una política neológica en cooperación con España, Portugal y los demás países latinos.
Esta será sin duda una de las tareas prioritarias a las que deberá dedicarse la Subcomisión Temática de Terminología, en el marco de la Comisión de Sistemas de Información del Mercosur, en estrecha colaboración, claro está, con las demás comisiones de lengua española y portuguesa.
América Latina no puede hacer todo sola pero puede contar -al menos así lo espero- con el apoyo de las instancias internacionales, bilaterales y multilaterales. Por empezar, la Unión Latina está a disposición de sus Estados miembros para todo apoyo diplomático o asesoramiento técnico que sea necesario en un principio.
De la Unión Latina no se puede esperar más que una ayuda en cuestiones organizativas o metodológicas, y una amplia red de contactos. Más importante sería que hubiese una cooperación española y portuguesa, cuya necesidad resulta aún más evidente, puesto que, en la era de la telemática y del CD-ROM, un banco de datos se define más por sus lenguas y su contenido que por su localización.
Lo cierto es que no se puede ni se debe partir de la nada sino, por el contrario, de un vasto vocabulario inglés, francés y tal vez alemán o japonés, para lo cual es preciso recurrir a la cooperación de los grandes bancos de datos terminológicos como, por ejemplo, Termium de Canadá o Eurodicautom de la UE.
Será necesario solicitar financiación en la esfera internacional, pues el costo de un banco de datos terminológicos se calcula en algunos millones de dólares, escalonados, afortunadamente, a lo largo de varios años.
Lo que la Unión Latina pretende es seguir despertando el interés sobre estos temas en los organismos que financian los grandes proyectos de desarrollo económico. Los representantes del PNUD, de la UE y del BID en particular, han demostrado un gran interés por la cuestión. Sin embargo, por muy justificadas que sean las gestiones de la Unión Latina en ese sentido, éstas no podrán resultar sin el apoyo de aquellos países en los que las necesidades están claramente definidas, empezando por los cuatros países signatarios del Tratado de Asunción.
Estas tareas son arduas, pero de ellas dependen no sólo toda una serie de aspectos de nuestro desarrollo económico, sino también el uso y la posición del español y del portugués -y en cierta forma, en áreas técnico-científicas, la comprensión mutua de nuestros pueblos hispano y lusohablantes- y hasta el futuro de la investigación fundamental y aplicada en nuestra región.